La regulación de los servicios armados en seguridad privada ha evolucionado de forma drástica. Durante años, el vigilante jurado prestaba servicio con arma en prácticamente cualquier escenario. Hoy ocurre lo contrario: casi todos los servicios se realizan sin arma, salvo los supuestos estrictamente autorizados por ley. Este cambio refleja una pérdida de confianza en el personal de seguridad privada por hechos puntuales del pasado que llevaron al Estado a asumir responsabilidad patrimonial por actuaciones indebidas.
Sin embargo, esta visión restrictiva tampoco se ajusta a la realidad actual, marcada por servicios cada vez más conflictivos y riesgos personales evidentes para los vigilantes.
1. Servicios armados en seguridad privada según la Ley 5/2014
La Ley 5/2014 establece en su artículo 39 que el personal uniformado portará únicamente medios de defensa reglamentarios, excluyendo las armas de fuego. No obstante, el apartado 3 del mismo artículo permite el uso de armas en los servicios contemplados en el artículo 40 o en aquellos que se determinen reglamentariamente.
Este marco legal continúa la línea restrictiva de la antigua Ley 23/1992, cuyo desarrollo reglamentario (art. 81 del RSP) ya limitaba los servicios armados a supuestos concretos.
2. Supuestos donde el servicio armado es obligatorio
El artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada define tres escenarios para servicios armados. El primero comprende los supuestos obligatorios:
- Protección del almacenamiento y transporte de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.
- Protección de centros y establecimientos militares.
- Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos o sustancias peligrosas.
- Industrias calificadas como peligrosas en despoblado.
3. Servicios armados por decisión de la autoridad competente
El segundo supuesto permite que la autoridad administrativa exija el uso de armas en determinados servicios cuando las circunstancias lo justifiquen. Entre ellos:
- Bancos y cajas de ahorro.
- Centros de energía.
- Centros de comunicación.
- Polígonos industriales y urbanizaciones aisladas.
- Museos y joyerías.
- Grandes superficies en zonas de caja.
- Buques pesqueros o mercantes españoles en aguas conflictivas.
Aunque la ley permite esta posibilidad, su aplicación ha sido muy limitada.
4. Servicios armados a petición del cliente y autorización administrativa
El tercer escenario permite que un servicio sea armado si concurren circunstancias de riesgo como:
- Localización del servicio.
- Valor de los bienes a proteger.
- Nivel de peligrosidad.
- Concentración del riesgo.
- Nocturnidad.
Para ello, el cliente debe solicitarlo y la administración debe autorizarlo tras informe policial. Además, es imprescindible disponer de un armero autorizado y de vigilantes con licencia tipo C, siguiendo lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del RSP.
5. Servicios armados en la nueva Ley de Seguridad Privada
El artículo 40 de la Ley 5/2014 mantiene los mismos tres grupos:
5.1 Servicios obligatorios con arma
- Protección de fondos y valores.
- Fábricas y depósitos de armas o explosivos.
- Vigilancia de buques españoles en aguas conflictivas.
5.2 Servicios armados obligatorios si así lo determina la autoridad
- Centros penitenciarios.
- Centros de internamiento de extranjeros.
- Establecimientos militares.
- Determinados centros públicos e infraestructuras críticas.
5.3 Servicios armados previa autorización
Podrán autorizarse cuando concurran circunstancias de riesgo como peligrosidad, nocturnidad, valor protegido o ubicación del servicio.
También se puede autorizar el servicio armado de verificación de alarmas (“acuda”) cuando exista riesgo grave para el vigilante.
6. Limitaciones reales para los servicios armados
Aunque la Ley contempla supuestos amplios, la realidad es restrictiva:
- Requiere petición del cliente (poco frecuente por coste).
- Necesita autorización administrativa, normalmente denegada.
- Exige armero autorizado y espacio adecuado en las instalaciones.
- Depende de informes policiales que suelen seguir criterios muy limitativos.
Esta situación dificulta que los vigilantes cuenten con protección adecuada en servicios de riesgo real, como urbanizaciones aisladas, polígonos industriales o servicios nocturnos discontínuos.
7. El futuro Reglamento de Seguridad Privada y su impacto
El borrador del nuevo Reglamento (art. 123) mantiene la misma estructura que el marco actual:
- Servicios obligatorios con arma.
- Servicios armados posibles previa autorización.
- Servicios armados por solicitud del cliente justificando circunstancias de riesgo.
Además, en centros penitenciarios, centros de internamiento o infraestructuras críticas será necesaria autorización del organismo público competente.
Incluso servicios que antes eran obligatorios con arma (como industrias peligrosas en despoblado) ahora requerirán petición y autorización formal.
8. Consecuencias de esta limitación para el personal de seguridad
La normativa vigente no amplía los servicios que pueden prestarse armados, lo que afecta a la seguridad del vigilante, que debe afrontar situaciones de riesgo con medios defensivos insuficientes.
Esto refleja cierta desconfianza hacia la profesionalidad del personal de seguridad y prioriza criterios económicos sobre la protección de la vida y la integridad física del vigilante y de las personas que debe proteger.
La experiencia demuestra que, cuando ha sido necesario, el Estado sí ha dotado a los vigilantes de medios adecuados, como ocurrió en la protección de buques en aguas del Índico, donde se autorizó incluso el uso de armas de guerra.
Conclusión
El marco legal actual mantiene una política muy restrictiva en los servicios armados en seguridad privada, a pesar de los riesgos crecientes que afrontan los vigilantes en determinados servicios. Antes de aprobar el nuevo Reglamento, existe la oportunidad de corregir esta situación y permitir que los profesionales cuenten con medios más adecuados para garantizar su seguridad y la de terceros.
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