La Estrategia Seguridad Nacional define cómo el Estado identifica y afronta amenazas que pueden afectar a la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. También busca garantizar la defensa de España y sus valores constitucionales, y contribuir a la seguridad internacional, junto a socios y aliados.
Esta visión se apoya en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y en la Estrategia para 2021 aprobada por el Gobierno y elaborada en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación del Departamento de Seguridad Nacional, el CNI y otros ministerios.
Qué es la Seguridad Nacional según la Ley 36/2015
La Ley 36/2015 define la Seguridad Nacional como la acción del Estado destinada a:
Proteger libertad, derechos y bienestar.
Garantizar la defensa de España y sus principios constitucionales.
Contribuir a la seguridad internacional con socios y aliados.
Además, la Ley plantea un espacio “nuevo” de coordinación. No sustituye a la seguridad pública, ni a la defensa, ni a la inteligencia. Más bien intenta armonizar objetivos, recursos y políticas entre administraciones y actores.
Por qué era necesaria una Estrategia de Seguridad Nacional
España ya cuenta con normas clave en seguridad (defensa, seguridad ciudadana, fuerzas y cuerpos de seguridad, CNI, seguridad privada, acción exterior, etc.). También existen instrumentos excepcionales para crisis graves, como la Ley Orgánica 4/1981 (alarma, excepción y sitio).
Entonces, ¿qué aporta este marco?
La Ley concibe la Seguridad Nacional como un espacio de coordinación reforzada entre:
Administración del Estado.
Comunidades Autónomas.
Administraciones locales.
Sector privado (incluida la seguridad privada).
Sociedad civil.
Y cooperación internacional (UE, ONU, OTAN, etc.).
El Sistema de Seguridad Nacional: cómo funciona
Para gestionar crisis complejas, la Ley crea el Sistema de Seguridad Nacional (SSN). Es un conjunto de órganos, recursos y procedimientos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional.
Órganos principales
Presidente del Gobierno, como dirección del sistema.
Consejo de Seguridad Nacional, órgano de apoyo.
Departamento de Seguridad Nacional (DSN), como secretaría técnica permanente.
Comité de Situación, para coordinación operativa en crisis.
Cuándo se activa
El sistema se activa con un Decreto del presidente del Gobierno que declare una “situación de interés para la Seguridad Nacional”. En esa declaración se define:
La crisis.
El territorio afectado.
Duración.
Autoridad funcional.
Recursos.
Y la obligación de colaboración de autoridades públicas.
Qué se considera “situación de interés para la Seguridad Nacional”
La Ley la describe como una situación que, por sus efectos, exige:
Medidas urgentes.
Medidas transversales.
Y coordinación reforzada.
Es decir, no es la normalidad. Pero tampoco equivale a un estado de alarma, excepción o sitio. Se plantea como un nivel intermedio, con dirección del Gobierno y coordinación integrada.
Estrategia Seguridad Nacional 2021: objetivos y enfoque
La Estrategia para 2021 se aprueba como herramienta de planificación. El texto señala una proyección hacia el futuro y se plantea una respuesta proactiva ante un mundo más incierto.
Entre sus objetivos se incluyen:
Avanzar en la gestión de crisis.
Reforzar la dimensión de seguridad en capacidades tecnológicas y sectores estratégicos.
Desarrollar capacidad de prevención, disuasión, detección y respuesta ante amenazas híbridas.
Además, propone:
Anticipación (alerta temprana).
Integración (coordinación reforzada con administraciones y sector privado).
Resiliencia (resistir y recuperarse tras una crisis).
Amenazas y riesgos que destaca la Estrategia
El documento subraya que el mapa de riesgos es más complejo e interconectado. Por eso, la prevención resulta más difícil.
1) Tensiones geopolíticas y conflicto
Se menciona una mayor rivalidad y competencia, también en lo tecnológico. Además, aparecen nuevas dimensiones de confrontación: ciberespacio, desinformación y estrategias híbridas.
2) Estrategias híbridas
La Estrategia describe acciones coordinadas y multidimensionales con finalidad de desestabilización o coerción. Incluye:
Desinformación.
Ciberataques.
Espionaje.
Sabotaje.
Coacción económica.
Subversión social.
Uso asimétrico de medios militares.
3) Terrorismo y radicalización violenta
Se mantiene como amenaza relevante. Se alude a propaganda radical, radicalización en prisiones, “retornados” y perfiles nacidos en Occidente que se radicalizan.
La Estrategia cita como referencia:
Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019.
Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta 2020.
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo 2020.
También prevé la creación de una Unidad Nacional de Notificación de Contenidos de Internet para monitorización y retirada de contenidos ilícitos.
4) Pandemias y crisis sanitarias
Se incorpora la lección del COVID-19: tensiones por recursos, dependencia exterior y necesidad de asegurar suministros esenciales.
5) Infraestructuras críticas, emergencias y catástrofes
Se señalan riesgos físicos y digitales, y amenazas por:
Inundaciones.
Terremotos.
Incendios forestales.
Accidentes industriales con materiales peligrosos.
6) Espionaje e injerencia exterior
Afecta tanto al sector público como al privado (investigación científica y tecnológica). Se vincula a competitividad, propiedad intelectual e industrial, y estrategias híbridas.
7) Desinformación
Se menciona la difusión de noticias falsas y de información errónea, con impacto potencial en cohesión social y procesos electorales.
8) Ciberespacio y cibercriminalidad
La Estrategia destaca ataques como:
Ransomware (secuestro de datos).
Denegación de servicio.
Se citan riesgos vinculados a:
Cibercrimen.
Ciberespionaje.
Financiación del terrorismo.
Radicalización.
También se menciona la exposición creciente por el “internet de las cosas”.
9) Crimen organizado y delincuencia grave
Se describe como amenaza transnacional y con objetivo económico, con uso creciente de:
Criptomonedas.
Darknet.
Se citan ámbitos como:
Trata y explotación (incluida de menores).
Contrabando.
Tráfico de drogas y armas.
Corrupción.
Convergencia entre crimen organizado y terrorismo.
10) Proliferación de armas de destrucción masiva
Se aborda como amenaza grave, por su potencial uso por Estados o por grupos terroristas.
Respuesta del Estado: ejes y líneas de actuación
La Estrategia plantea un planeamiento integrado con tres ejes:
Proteger con enfoque preventivo y coordinación reforzada.
Promover desarrollo tecnológico para responder a crisis.
Participar en prevención, disuasión, detección y respuesta ante amenazas híbridas.
Y fija tres líneas:
Proteger ciudadanos y orden constitucional.
Promover bienestar.
Participar en paz y seguridad internacional.
Terrorismo y crimen organizado: prioridades destacadas
En terrorismo, el enfoque se estructura en cuatro pilares:
Prevenir.
Proteger.
Perseguir.
Preparar la respuesta.
En crimen organizado, se subraya:
Identificación temprana.
Prevención.
Persecución y represión efectivas.
Coordinación entre inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía y jueces.
Concienciación social.
Instrumentos contra blanqueo y recuperación de activos.
Planes específicos por zonas (se menciona el plan para el Estrecho).
Debate y crítica: límites del modelo y propuestas de reforma
El texto señala que se proyecta una reforma para reforzar recursos del Estado ante crisis, incluyendo una “reserva estratégica”. Esto genera polémica por su alcance potencial (requisar bienes, prestaciones personales, orientar producción industrial).
Además, se plantea una crítica de eficacia: si la activación depende de una decisión discrecional del presidente del Gobierno, puede entrar el factor de oportunidad política.
También se mencionan situaciones recientes (Cataluña 2017, crisis migratoria 2018, disturbios 2019) en las que, según el análisis incluido, habría sido pertinente aplicar el sistema y no se hizo.
Sobre la pandemia, el texto recuerda que el Gobierno declaró el estado de alarma, y cita pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los decretos y medidas adoptadas.
Conclusión
La Estrategia Seguridad Nacional pretende anticipar amenazas complejas y coordinar una respuesta integrada en crisis que superan la gestión ordinaria. Su valor está en la prevención, la integración de recursos públicos y privados, y la resiliencia.
Al mismo tiempo, el propio diseño plantea retos. Especialmente, su activación discrecional y la necesidad real de coordinación eficaz cuando se producen crisis graves. En cualquier caso, el enfoque estratégico y la identificación de riesgos (híbridos, ciber, crimen organizado, terrorismo, infraestructuras críticas, pandemias) marcan un marco de referencia para la acción del Estado.
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