La importancia del testimonio del Vigilante de Seguridad en procedimientos judiciales es una cuestión clave en el contexto actual de la seguridad privada en España. De acuerdo con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, estos profesionales están habilitados legalmente para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de prevención, intervención y denuncia de delitos. Esta función conlleva también el deber de aportar pruebas y prestar declaración cuando sea necesario.
Funciones legales del Vigilante de Seguridad
Según el artículo 32 de la Ley 5/2014, los Vigilantes de Seguridad tienen como misión principal:
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Vigilar instalaciones o eventos para proteger personas y bienes.
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Prevenir la comisión de delitos o infracciones administrativas.
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Intervenir en caso de delito, deteniendo al responsable y poniéndolo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Aportar pruebas del hecho delictivo, como efectos sustraídos, instrumentos usados o testimonios.
Este papel convierte a los Vigilantes en colaboradores directos de la Policía, y por tanto, en un eslabón esencial en la cadena probatoria.
El testimonio como prueba judicial válida
Una vez que el Vigilante de Seguridad ha intervenido en un hecho delictivo, su declaración —ya sea en atestado policial o en sede judicial— adquiere relevancia probatoria. En muchos casos, su testimonio puede ser la única prueba de cargo disponible, igual que sucede con los agentes de Policía.
¿Qué tipo de pruebas pueden aportar?
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Objetos recuperados (efectos del delito).
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Herramientas utilizadas en la comisión del delito.
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Grabaciones de cámaras de videovigilancia (Art. 42.4 LSP).
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Declaraciones de testigos presenciales.
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Su propio testimonio en calidad de profesional habilitado.
Cabe señalar que no pueden interrogar al detenido, ya que esta práctica está reservada a las Fuerzas de Seguridad.
Protección jurídica del Vigilante como testigo
A pesar de su papel clave, en muchos casos el testimonio del Vigilante de Seguridad no es tratado con el mismo respeto que el de un agente policial. Es común que se les exija identificarse con su nombre completo e incluso con su domicilio particular, algo que pone en riesgo su seguridad personal y vulnera derechos básicos.
La Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que estos profesionales deberían poder identificarse por su número de TIP, tal y como hacen los agentes policiales. Además, deberían ser citados judicialmente a través de la empresa de seguridad a la que pertenecen, no a su domicilio.
Falta de reconocimiento institucional
En ocasiones, los Vigilantes no son percibidos como testigos imparciales y profesionales. Esta falta de reconocimiento puede afectar tanto a su testimonio como a su protección jurídica. Sin embargo, la ley es clara: su función responde a un deber legal y no a una voluntad particular. Por ello, sus declaraciones deberían tener el mismo valor probatorio que las de otros agentes de seguridad pública.
Necesidad de mejora legislativa
Es fundamental que el legislador tome conciencia de la relevancia del testimonio del Vigilante de Seguridad. Para ello, es necesario:
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Regular su identificación mediante número de TIP.
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Garantizar su comparecencia judicial a través de la empresa, no del domicilio personal.
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Establecer medidas de protección personal y jurídica.
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Reconocer la profesionalidad y neutralidad de su actuación.
Además, debería valorarse que el tiempo dedicado a comparecer como testigo forme parte del tiempo de trabajo retribuido, como ya reconoce el convenio colectivo del sector.
Conclusión
La importancia del testimonio del Vigilante de Seguridad es indiscutible en el contexto de la prueba judicial. Su intervención no solo previene delitos, sino que contribuye de forma directa a esclarecerlos. Reconocer y proteger su función como testigo es una deuda pendiente de nuestro ordenamiento jurídico y una medida urgente para reforzar el sistema de justicia y seguridad.
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